Unos 2.000 médicos portugueses se amotinan contra las horas extras | Sociedad

La sanidad pública portuguesa vive tensionada desde el final de la pandemia, pero este año parece haber llegado a un punto de no retorno. Unos 2.000 médicos de todo el país han presentado formalmente escritos donde renuncian a realizar horas extraordinarias, lo que está colocando a las urgencias ante una situación límite. La ley en vigor establece que cada profesional puede realizar un máximo de 150 horas extras al año. A partir de ahí es voluntad de cada facultativo asumir más tiempo de trabajo. Y eso ocurre con frecuencia, con profesionales que a esta altura ya han duplicado o triplicado el máximo legal, como el neurólogo Pedro Pereira, que trabaja en el hospital Garcia de Orta en Almada, y que ha acumulado hasta ahora 432 horas extras (el equivalente a 18 días de trabajo suplementario).

Pereira siempre ha aceptado esa carga de trabajo adicional movido por dos razones. Por su compromiso con el Servicio Nacional de Salud y por la necesidad de compensar los bajos salarios de los hospitales públicos. “Después de la decisión unilateral del Ministerio de Sanidad tras 16 meses de negociación, decidí que no estoy disponible para colaborar con este Gobierno”, plantea el neurólogo, que lleva trabajando desde 2011 en el hospital de Almada y no conoce a ningún colega que haya saltado del escalón salarial inicial (asistente) al de asistente graduado, que les permitiría mejorar sus nóminas.

El sueldo base de un médico especialista, que no haya tenido ascensos, oscila entre 2.863 y 3.292 euros brutos al mes, mientras que un jefe de servicio, que ocupa el nivel más alto del escalafón, percibe 5.279 euros brutos. Portugal es uno de los países que peor remunera a sus profesionales sanitarios. En la Unión Europea solo tienen peores salarios los médicos de Letonia, Lituania, Polonia, Eslovaquia y Grecia.

La sobrecarga de trabajo, los bajos sueldos y la sensación de que no están valorados después de haberse volcado durante la pandemia explican la adhesión que encuentran las últimas movilizaciones. “Hemos negociado con el Gobierno durante 16 meses, pero no fue nada bien. El ministerio no entregaba documentos y finalmente reguló unilateralmente, sin incorporar ninguna de las propuestas que hemos enviado, el régimen de trabajo”, critica en una entrevista por teléfono Joana Bordalo e Sá, presidenta de la Federación Nacional de Médicos, que ha convocado dos jornadas de huelga (17 y 18 de octubre) y una manifestación en Lisboa.

En paralelo a las movilizaciones de los sindicatos, los médicos han puesto en marcha un movimiento (Médicos en Lucha) que ha promovido la insumisión contra las horas extras, que ha encontrado mucho eco tras la decisión del Ministerio de Sanidad de regular sus nuevas condiciones de trabajo. La decisión del Gobierno amplía de 150 a 250 el máximo legal de horas extras, fija jornadas laborales de nueve horas, declara el sábado como jornada de trabajo ordinario para los profesionales que no hacen urgencias y acaba con el descanso compensatorio por las guardias nocturnas. “Todo esto es inaceptable. Los médicos ya trabajan dos meses más que el resto de la población. Cualquier solución que se adopte no se puede hacer sin los médicos”, reclama Bordalo e Sá.

Joana Bordalo e Sá, presidenta de la Federación Nacional de Médicos de Portugal, durante una protesta en marzo de 2023.FNAM YOURI PAIVA

Manuel Pizarro, ministro de Sanidad y médico de profesión, ha convocado a los sindicatos a una reunión este jueves para tratar de desbloquear una situación que está deteriorando la atención en las urgencias. Algunos hospitales han dejado de aceptar enfermos, que son derivados a otros centros, que temen por su saturación. João Gouveia, director de las urgencias del hospital de Santa Maria, en Lisboa, anunciaba este sábado en una entrevista al diario Público que solo recibiría enfermos de su área de influencia o remitidos por el centro de orientación de pacientes urgentes. El ministro de Sanidad ha rechazado que las protestas estén llevando al colapso de las urgencias. “No minimizo los problemas y las incomodidades que afrontamos, pero estamos trabajando activamente en cada hospital reorganizando servicios y haciendo que el funcionamiento en red pueda compensar esos problemas”, señaló Pizarro.

La sanidad pública recurre a la contratación de médicos externos (los llamados tarefeiros) para cubrir urgencias cuando no logra hacerlo con personal propio. En algunos hospitales hay más personal externo que propio. Entre enero y agosto de este año se han realizado 7,5 millones de horas extraordinarias por personal médico, según el diario Público. El 42,6% correspondió a tarefeiros.

El Gobierno portugués suele recordar el crecimiento de la inversión en la sanidad desde que está en manos del Partido Socialista. “Ellos quieren apostar por las infraestructuras y equipamientos, que también son necesarios, pero no apuestan nada por los médicos”, sostiene la presidenta de la Federación Nacional de Médicos. “De todas formas este año tenían 750 millones de euros para invertir y hasta mayo solo habían ejecutado 66 porque el resto está retenido”, lamenta.

El férreo control del gasto que realiza el Ministerio de Finanzas, volcado en rebajar tanto el déficit como la deuda pública, es una de las razones que lastra a los hospitales, según el neurólogo Pedro Pereira. “Necesitamos reformas estructurales en el Servicio Nacional de Salud, que está muy jerarquizado y burocratizado. Los hospitales no pueden atender sus necesidades porque dependen de la aprobación del gasto que decida Finanzas. Y el Gobierno solo parece preocuparse de resolver los problemas cuando salen en los informativos”, sostiene el médico.

El proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2024 contempla la relajación del exhaustivo control de Finanzas sobre el gasto, que afectaba incluso a partidas menores, y una subida del 6,3% para los gastos del personal del Servicio Nacional de Salud (150.000 empleados, de ellos 30.000 son médicos). Los facultativos reclamaban una actualización de sus tablas salariales que va más allá de la oferta gubernamental. “Pedimos compensar la pérdida del 30% en el poder de compra y el Gobierno ofrece el 3%, que ni siquiera compensa la subida de la inflación”, critica Bordalo e Sá.

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