Los sindicatos del Atlántico y Bolívar discreparon de las Resoluciones 1729 y 2615 de 2023 del Instituto Nacional de Vialidad (INVÍAS), que imponen un impuesto a las ganancias de capital en el corredor costero entre Cartagena y Barranquilla. Alegan que estas decisiones violan principios constitucionales y no cumplen con la Ley 1819 de 2016, ya que no se ha demostrado un beneficio económico claro para los inmuebles afectados.
El Comité Intersindical del Atlántico y el Consejo Sindical de Bolívar solicitaron al Ministerio de Transporte dejar sin efecto estas decisiones, alegando que no se realizaron los estudios técnicos y socioeconómicos necesarios y que la ley tributaria se aplicó con carácter retroactivo, lo que va en contra de la Constitución.
En el debate en el Congreso, la ministra de Transporte, María Constanza García, defendió el impuesto, indicando que estaba sustentado en la ley 1819 y el Plan Nacional de Desarrollo. Al mismo tiempo, los sindicatos criticaron la metodología de cálculo de la base imponible y la distribución de las cotizaciones, señalando la falta de criterios objetivos y la inclusión injusta de los hogares vulnerables.
Los sindicatos también se negaron a asignar ingresos en Atlántico, Magdalena, Bolívar y Cesar, argumentando que estos proyectos deberían incluirse en el presupuesto nacional. Consideran injusta la contribución solicitada, sobre todo porque la mayor parte de la vía es de un solo carril.
El alcalde de Cartagena, Dumek Turbay, interpuso recurso de nulidad contra estas decisiones, afirmando que fueron dictadas sin los estudios técnicos adecuados. En respuesta, el Ministro García confirmó que la información utilizada estaba actualizada y verificada.
Se proyecta que el impuesto generará 724 mil millones de pesos en ingresos, afectando entre 52.000 y 240.000 propiedades dentro de un radio de 5 kilómetros de la carretera. Para mitigar el impacto, el Ministerio de Transporte anunció que el 40% de los inmuebles estarán exentos del impuesto.
