Los colegios concertados recaudan 1.000 millones de euros al año cobrando cuotas ilegales al 85% del alumnado | Educación

El mayor informe realizado hasta la fecha sobre las cuotas que cobra la escuela concertada en España muestra el fracaso del sistema establecido hace 39 años, sustentado en teoría en que el Estado financiaría los centros educativos privados y estos, a cambio, no seleccionarían a su alumnado y mantendrían la gratuidad. Un estudio de EsadeEcPol basado en datos oficiales refleja que en realidad los colegios concertados cobran cuotas a más del 85% de sus estudiantes, 1,5 millones de niños, por un importe total de cerca de 1.000 millones de euros al año. Y que cerca de la mitad de los centros lo hacen pese a recibir una financiación suficiente por parte de las administraciones, con el objetivo de ofrecer servicios ajenos a los conciertos, como una forma para diferenciarse y cerrar el paso a estudiantes vulnerables, o para ganar dinero. La escuela concertada matricula al 29% del alumnado español, la pública, al 67%, y la privada pura (sin subvención), al 4%.

El informe identifica un grupo especialmente sangrante, formado por unos 425 colegios, en general de gran tamaño, bien financiados por la Administración, que cobran a las familias cuotas elevadas, superiores claramente al coste de los servicios no concertados que prestan, y absorben nada menos que 1.250 millones de euros públicos al año en conciertos. El grupo representa entre el 15% y el 17%, según la etapa educativa, del total de centros concertados españoles, pero su peso es mayor en Madrid (entre el 17% y el 21%) y sobre todo en Cataluña (entre el 25% y el 33%). Retirarles las subvenciones (que suman un 20% del gasto público en conciertos), concluyen los autores, permitiría paliar de sobra la infrafinanciación que sufre otra parte de la concertada (en concreto, un 38% de los colegios), por un importe que asciende en total a 240 millones de euros.

La investigación, sintetizada en un informe de 79 páginas publicado este miércoles bajo el título El coste de acceso a la escuela concertada en España: las cuotas que pagan las familias y sus causas, ha sido realizada por Lucas Gortazar y Ángel Martínez (de EsadeEcPol) y Xavier Bonal (de la Universidad Autónoma de Barcelona). Y está basado en el análisis combinado de los microdatos de dos estadísticas del INE: la Encuesta de Gastos de los Hogares en Educación y la Encuesta de Financiación y Gasto de la Educación Privada, que recogen datos de las familias y de los colegios, respectivamente. Su conclusión es que la escuela concertada ingresa una media de 750 euros al año por alumno en concepto de cuotas. Y que los cerca de 1.000 millones de euros que suman representan el 17% de los ingresos totales de los centros concertados (en este caso, desde la etapa del segundo ciclo de infantil hasta el bachillerato).

Detrás de los promedios se alzan fuertes contrastes. Tres comunidades autónomas, Cataluña, Madrid y País Vasco, concentran el 70% de las cuotas pagadas en España. El motivo es que en dichos territorios la concertada tiene mayor peso, prácticamente todas las familias (más del 90%) pagan cuotas, y su importe resulta particularmente alto: 1.696 euros anuales de media en Cataluña, 1.156 en la Comunidad de Madrid, y 959 en el País Vasco, frente a 597 en la Comunidad Valenciana y 453 en Andalucía.

La situación es diferente por etapas: se recaudan por el 95% del alumnado del segundo ciclo de infantil, el 88% del de primaria, y el 81% del de la ESO. Y también según el tamaño de los centros: nueve de cada 10 colegios grandes (los que tienen más de 500 alumnos en primaria o ESO) cobran cuotas, mientras que entre los medianos (de 100 a 500 niños) y pequeños (menos de 100) lo hacen torno al 60% o 70%. Los autores observan, además, que buena parte de los centros que ya están muy bien financiados por la Administración se sitúan entre los que cobran cuotas más altas. Y que las familias de la concertada de clase alta pagan cuotas mucho más elevadas que las de clase baja.

El informe considera cuotas los pagos realizados por las familias por la matrícula, las clases lectivas y las actividades complementarias realizadas dentro del horario escolar. Dichos conceptos suman 947 millones de euros al año. El estudio ofrece, en paralelo, otra definición más amplia de cuota, que asciende a 1.186 millones de euros al año, que incluye también la diferencia entre los ingresos por alumno del comedor que obtienen los centros concertados y los pagos que realizan las familias de la red pública por dicho servicio en la misma comunidad autónoma (descontadas las becas). Los autores argumentan para añadir la diferencia del comedor que con frecuencia los centros utilizan este servicio como una forma de “financiación encubierta de otras partidas” ―los datos muestran, de hecho, importantes diferencias en los precios del comedor no solo entre concertada y pública de una misma autonomía, sino también entre concertadas del mismo territorio―. Y que, como además la escuela concertada mantiene de forma mayoritaria la jornada partida, el comedor resulta un servicio difícil de esquivar por la concertada.

Tanto la primera como la segunda definición de cuotas que propone el informe plantean ciertos problemas (contra la definición que computa la diferencia en el comedor se podría argumentar que en la red pública es la administración la que fija el precio del menú, lo que condiciona a los proveedores, y que, en cambio, los colegios concertados tienen menos fuerza para contener los precios en la negociación). En todo caso, a lo largo de este artículo se utiliza la segunda definición de cuota (la que incluye la diferencia de precio del comedor). Las encuestas del INE utilizadas en el informe de Esade corresponden a los cursos 2019-2020 y 2020-2021, es decir, que los datos son previos al aumento de precios que se produjo tras la invasión de Ucrania por parte de Rusia.

La existencia de cuotas, afirman Gortazar, Martínez y Bonal, está detrás, en gran medida, del hecho de que el nivel socioeconómico del alumnado de la concertada sea más alto que el de la pública. Y de que la pública matricule, por ejemplo, a más del doble de los chavales inmigrantes de lo que le correspondería si su distribución fuera equilibrada.

Hay diferentes motivos por los que, según concluye el informe, los colegios concertados cobran cuotas. Tomando como punto central del análisis el resultado económico de los centros, los divide en cinco categorías. Los colegios que no cobran cuotas y están adecuadamente financiados (representan el 17% de los centros de segundo ciclo de infantil, el 20% de los de primaria, y el 19% de los de la ESO). Los colegios que no cobran cuotas pese a estar infrafinanciados por la Administración (que suponen un 14,4%, un 12% y un 14,5%, respectivamente, de las etapas citadas). Los colegios que cobran cuotas para cubrir su situación de infrafinanciación (un 23% en las tres etapas analizadas). Los colegios que cobran cuotas para asumir gastos no incluidos en los conciertos, como psicólogos o directores sin funciones docentes (28%, 29% y 28%). Y los colegios que cobran cuotas para diferenciarse de la competencia o directamente para lucrarse (que suponen un 17,4%, un 15% y un 15%).

El porcentaje de alumnado que paga cuotas (el 95% en el segundo ciclo de infantil, el 88% en primaria y el 81% en la ESO) es mayor que el porcentaje de colegios que las cobran, en parte por el hecho de que los centros grandes las recaudan de forma más frecuente que los medianos y pequeños.

Lo que dice la ley

Desde que se implantó el modelo de conciertos educativos, en 1985, la legislación educativa prohíbe el cobro de cuotas. La actual ley de Educación, la Lomloe, lo reitera y subraya además que las actividades complementarias voluntarias “que tengan carácter estable no podrán formar parte del horario escolar del centro”, en un intento de evitar trampas, como las de hacerlas difíciles de eludir por las familias poniéndolas al principio de la jornada (a las 9.00) o a media mañana.

Su persistencia responde, según los autores del informe de Esade, a la existencia de “un equilibrio muy sólido, donde los incentivos a cambiar son pequeños para casi todos los actores”, en el contexto del bajo gasto público en educación que presenta España, en comparación con las medias de la UE y la OCDE. Las administraciones educativas, es decir, las comunidades autónomas, se ahorran aumentar los fondos para paliar la infrafinanciación que vive una parte de la concertada (aunque, según el propio informe, con solo retirar el concierto a los colegios más descaradamente incumplidores de sus obligaciones, el ahorro para el erario público permitiría paliar dicha infrafinanciación sin aumentar la aportación de las administraciones), y en todo caso se evitan ejercer la labor de control (que también les impone la Lomloe), así como el tener que embarcarse en un conflicto con la concertada. A los colegios, el dinero recaudado con las cuotas les sirve, según los casos, para cubrir la insuficiente financiación pública, costear servicios no incluidos en los conciertos, mantener alejado al alumnado pobre, o lucrarse. Y a las familias les permite, afirman los autores, “acceder a centros con mayor selección social a cambio de pagar lo que para muchas es un modesto copago”.

El 40% del alumnado de la concertada abona solo el 5% del importe total de las cuotas (porque pagan poco o no pagan nada). En el otro extremo, el 10% que más paga abona el 45% del importe total de las cuotas. El análisis por clases sociales de las familias también es revelador: el 20% más humilde paga en promedio 313 euros al año en cuotas, mientras el 20% más rico paga 1.084 euros.

El estudio dedica un apartado al informe que publica desde hace años la federación de familias de la escuela pública (Ceapa) y la patronal de enseñanza privada (pura) Cicae. Y concluye que este estudio no es representativo del conjunto de la enseñanza concertada debido, entre otras, al limitado número de centros que analiza y al sesgo territorial, razón por la cual, afirman los autores de la investigación de Esade, ofrece resultados diferentes, como importes de cuotas más elevados.

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