La universidad española necesita 3.100 millones extra para no quedarse atrás en la competición internacional | Educación

Ambiente en la Universidad Complutense de Madrid, en la Ciudad Universitaria, el pasado lunes.Samuel Sánchez

“Es tremendo. Hay universidades de primera, segunda y tercera”. El comentario, muy compartido, fue pronunciado este septiembre por un rector al término de la primera jornada del curso sobre la financiación de los campus organizado por su conferencia (CRUE) y el Ministerio de Universidades. Este rector acababa de escuchar en la Universidad Menéndez Pelayo en Santander cómo Francia va a invertir 77.000 millones de euros en 15 años en hacer más competitivos sus campus ―van por la cuarta fase―o cómo el Gobierno vasco planea invertir en innovación y desarrollo el 3% del Producto Interior Bruto (PIB) en 2030, frente al 1,41% del PIB del conjunto del país. Algunas autonomías españolas, sin concierto económico propio, son casi tan ricas como el País Vasco, pero en ellas no ha permeado la idea de que el futuro pasa por cuidar la Universidad. La Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU), aprobada el pasado marzo, estipula que para “recuperar niveles de financiación adecuados” tras años de recortes es necesario que la partida pública en universidad alcance al menos un 1% del Producto Interior Bruto (PIB) en 2030. Lo que, según un informe encargado por el ministerio, supone aumentar un 15% la dotación anual, es decir, 3.100 millones extra.

Entre 2012 y 2018, el PIB español creció un 12,8%, pero el gasto público en educación superior (incluye la FP Superior) apenas se incrementó un 1%. Solo si se aumenta un 15% la financiación de las arcas universitarias previsto en la LOSU, se argumenta en el preámbulo de norma, se podrá “buscar alternativas frente al reto demográfico o la emergencia climática”, mejorar la docencia, formar a lo largo de toda la vida a los ciudadanos , trabajar por la empleabilidad o “generar más y mejor investigación desde una lógica de transferencia e intercambio”. Ello se tendría que traducir, por tanto, en políticas para dignificar las plantillas (llenas de falsos profesores asociados), dotar de medios a los científicos o atraer talento extranjero.

“En 2019, según Eurostat, el gasto en educación universitaria era un 32% más bajo que la media de la Unión Europea”, recordó Eva Alcón, la presidenta de los rectores. “Es necesario que nos creamos las universidades y les demos un trato preferente, porque sin suficiencia financiera nunca tendremos autonomía universitaria”. El ránking de Shanghái de agosto refleja cómo, sin fondos suficientes, los campus públicos españoles son cada vez menos competitivos: 18 de 40 han bajado en el escalafón en el último año.

En el Olimpo del listado de Shanghái ya no hay solo instituciones anglosajonas, sino de países de Asia, Oceanía y Europa que sustentan su progreso económico en la ciencia; mientras que la Asociación de Universidades Europeas (EUA) describe el sistema universitario español como “en declive y bajo presión”. Según datos de esta entidad, los fondos públicos disminuyeron un 20% en términos reales entre 2008 y 2020. “No se puede competir internacionalmente sin financiación y sin un marco normativo para implementar las medidas”, recordó su presidente, el catalán Josep Maria Garrell.

El ministro Joan Subirats se suma a las críticas de Alcón, con la libertad que da que la mayor partida de inversión es autonómica: “Cada euro invertido en Universidad revierte cinco en impacto económico, bienestar social, innovación y equidad. El tiempo va a nuestro favor porque la formación es clave en el crecimiento de los países. Hay que responder a las necesidades sociales que existen, no solo reclamar dinero”. El británico Sebastian Stride, fundador de la Fundación SIRIS Academic ―que asesora a universidades de medio mundo y tiene su sede en Barcelona― compartió con los presentes la imagen más gráfica del panorama español: “No se puede ir con un Seat 600 a la Fórmula 1 de las universidades. ¡Es una auténtica locura! ¡Es totalmente imposible!”.

Un primer diagnóstico

Subirats ha encargado al Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE) un primer diagnóstico de la situación presupuestaria y habrá que acordar quién paga qué. Al menos ya hay una cifra clara: 3.100 millones más anuales. En torno a un 20% de los ingresos de las universidades provienen de las familias (tasas, títulos propios, congresos…) y un 67% de transferencias de fondos autonómicos (en La Rioja, País Vasco y Canarias el porcentaje es superior). Los campus públicos reciben también fondos del Estado y de organismos internacionales (en especial europeos) destinados en su mayor parte a investigación.

“Los conocimientos se consideran clave para el avance de la productividad y nuestra brecha con la media de los países europeos, en particular con los más avanzados, es muy grande y tiende a ampliarse”, alertó Francisco Pérez, director de investigación del IVIE. Por eso, el coordinador del informe pedido por el ministerio, cree que hay que “tejer alianzas” con la sociedad y las instituciones. “Necesitamos fijar objetivos, contar con recursos y equipar con instrumentos pertinentes. Ahí entra la programación plurianual [parte de las universidades desconocen con cuánto dinero contarán el curso siguiente] y los modelos de financiación”.

Pérez reconoce que la autonomía universitaria está “muy acotada” por la cuantía de los ingresos y aboga por que haya “incentivos duraderos para alcanzar metas” con el fin de transformar el país. Para ello cree que tiene que haber “una mejora de la equidad en la asignación de los recursos, de la eficacia y la eficiencia”.

Aunque los políticos españoles de todo signo no paran de resaltar la importancia de apostar por la ciencia ―se demostró durante la pandemia― para no ser un país dependiente del sol y el ladrillo, lo suelen olvidar al elaborar los presupuestos. “En el reparto del fondo covid [400 millones concedidos por Bruselas para mejorar las medidas de prevención en las universidades], más que hermana pobre, en alguna comunidad autónoma nos vemos como si no fuésemos de la familia”, denunció en 2020 en este periódico José Carlos Gómez Villamandos; por entonces presidente de los rectores y hoy consejero andaluz. Las autonomías no lograron desviar la partida a otras consejerías, pero sirve de ejemplo de la irrelevancia de la universidad a ojos de las administraciones.

Procesión cívica de la apertura del curso académico de la Universidad de Alcalá, el 6 de septiembre.
Procesión cívica de la apertura del curso académico de la Universidad de Alcalá, el 6 de septiembre.
Fernando Villar (EFE)

La política está detrás de todo. “La ausencia de un modelo estatal de financiación universitaria conduce a importantes diferencias entre las comunidades y no afecta solo a la cuantía que reciben las universidades, sino a las fórmulas que se emplean para su financiación”, afirmó Amaya Mendikoetxea, rectora de la Autónoma de Madrid y vocal de CRUE. “Estas diferencias no se justifican en cuanto a distintas actividades de docencia, investigación y transferencia, sino que dependen de las políticas de cada comunidad”, agregó.

A nadie se le escapa que las universidades públicas de Madrid (primera en PIB per cápita) están al borde del colapso. Entre 2009 y 2019, según datos de la Fundación Conocimiento y Desarrollo, estas perdieron el 15% de las transferencias corrientes y de capital; mientras que junto a Cataluña, es la comunidad en la que las familias pagan más por los estudios, aunque en ambas las matrículas han bajado. Probablemente, ello explique que el sistema universitario de Madrid, con el PIB per cápita más alto de España, no logre competir en el Ranking CYD con los de Cataluña ―también mal financiada―, el País Vasco, Navarra ―a la cabeza en inversión― y Comunidad Valenciana, que hace un gran esfuerzo porque es una autonomía infrafinanciada en su conjunto.

La Universidad pública está infrafinanciada, pero tiene deberes por hacer. José María Casado, director de Evaluación del gasto público de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) ―que ha elaborado informes financieros de la situación en Aragón y Andalucía y ultima el de Castilla y León―, remarcó en el curso que no siempre las instituciones, dentro de su autonomía de gestión, aportan información plena para que las comunidades sepan qué tienen que financiar, “es asimétrica”, dijo. En otras palabras, insuficiente.

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