En lo más hondo del valle de la curva de natalidad, la educación infantil de primer ciclo, conocida como 0-2 años, alcanza cotas nunca vistas. Dos años después de que la pandemia le hiciera perder 80.000 alumnos y provocara el cierre de 200 centros privados, la etapa ha recuperado el nivel de matrícula anterior a la covid. Y, como los nacimientos han seguido cayendo, la tasa de escolarización ha subido a su mayor nivel histórico, del 45,6%. Dicho de otro modo, casi la mitad de los niños comprendidos en esas edades van a la escuela. En el caso de los niños de dos años, la tasa se dispara al 71,3%, cuando antes del coronavirus estaba en el 63,6% y hace dos décadas, en el 22,1%.
El despegue se produce en el contexto de un fuerte impulso público de la etapa, considerada tradicionalmente poco importante educativamente, pero cuyos beneficios concitan cada vez más consenso entre los expertos. No solo en el rendimiento académico posterior, sino en terrenos como la trayectoria laboral y las condiciones de salud a largo plazo, especialmente en el caso de los niños de hogares desfavorecidos. La tasa de escolarización general esconde pronunciados contrastes territoriales, que en la etapa 0-2 van del 56% de Galicia al 24% de Murcia. Y, a los dos años, del 93% de Euskadi al 38% de Asturias.
“Durante la pandemia mucha gente anuló la matrícula por miedo, sobre todo, a que se contagiaran los abuelos”, dice Vicky Trent, maestra en la escuela infantil El Trenet, en Valencia, “pero desde entonces la demanda no solo se ha recuperado, sino que cada año llenamos antes los grupos”. El caso de su centro, una pequeña cooperativa situada en el barrio valenciano de Patraix no parece, sin embargo, representativo de lo que siguen viviendo la mayoría de escuelas infantiles privadas. Ignacio Grimá, presidente de la patronal Acade, afirma: “La situación es muy complicada. En primer lugar, porque la natalidad continua fatal. Estamos a la cola de la Unión Europea, y los datos que se publicaron hace unas semanas muestran que seguimos en niveles mínimos. Y segundo, porque eso está generando un contexto competitivo muy complicado”. Los colegios, tanto públicos como privados, que han perdido en cinco años 159.288 alumnos en primaria, se han lanzado a matricular los niños del primer ciclo de infantil, señala Grima. “El primer ciclo de infantil requiere una gran especialización, pero para muchas familias piensan más en el paso al colegio, y logísticamente les parece mejor meter a todos sus hijos en un mismo centro”.
La estadística refleja que el número de centros educativos que ofrecen el primer ciclo de infantil no solo se ha recuperado desde la pandemia, sino que ahora hay 625 más (hasta un total de 10.960) que en 2019. Pero ello no se debe según Grima a la recuperación de las escuelas infantiles, sino al vertiginoso aumento de colegios que han incorporado el primer ciclo de infantil, al menos el aula de dos años. “Esto puede llevar a que desaparezca un porcentaje enorme de escuelas infantiles y se concentre casi todo en los colegios”, lamenta.
Al récord en la tasa de escolarización del 0-2 (en números absolutos los 468.511 niños matriculados el curso pasado son 4.696 menos que los alcanzados en 2017) han contribuido el elevado nivel de empleo. Y el plan del Gobierno para crear 65.000 plazas del ciclo en el periodo 2020-2023 (Educación ha transferido hasta ahora a las autonomías 532 millones para abrir 43.500 plazas). Ello no se ha traducido, de momento, en un avance en la proporción de alumnado de la etapa que acoge la red pública, situada en el 51% desde 2017.
En el mantenimiento del equilibrio entre la pública y la privada influye que, en paralelo a la política del Ministerio de Educación, varias comunidades autónomas, como Galicia, La Rioja, Madrid, Comunidad Valenciana, Euskadi, Cantabria y Baleares han dado pasos hacia la gratuidad de la etapa, al menos de la clase de dos años (aunque casi todas siguen muy lejos de la universalización; es decir, de que haya plazas para todos los niños), no solo aumentando las plazas públicas sino subvencionando las de escuelas privadas. Una línea por la que, en esta nueva legislatura, apuestan especialmente los ejecutivos autonómicos del PP.
El experto en educación infantil Vicenç Arnaiz cree, en cambio, que la mejor manera de seguir expandiendo la etapa es mediante plazas públicas y gratuitas, al menos para las familias de rentas bajas. Porque cualquier pago, incluso cuando consiste en que las familias adelanten la matrícula hasta que la administración hace efectiva la ayuda, actúa como una barrera de acceso para las clases desfavorecidas. Según un informe publicado en 2019 por Save the Children, el 62,5% de los niños de las familias más ricas están escolarizados en la etapa, frente a un 26,3% de los niños de hogares más pobres.
Las políticas públicas de 0-2 han tendido tradicionalmente a “subvencionar la escolarización de los niños de clase media y clase alta y han desprotegido a las clases más desfavorecidas, que son las que más lo necesitan”, prosigue Arnaiz. “España tiene uno de los datos de pobreza infantil más altas de Europa. En números redondos, uno de cada tres niños está en situación de pobreza infantil. Y eso quiere decir vivir en condiciones familiares muy desfavorables, en viviendas en malas condiciones, con problemas de acceso a una alimentación sana, falta de espacios de convivencia fuera de las casas, porque suelen vivir en barrios marginales… Los estudios muestran que el mayor factor de compensación es la escuela. Y que si los niños más desfavorecidos se escolarizan tarde, después es más difícil conseguir que entren en un ritmo de normalización”, añade el impulsor de la red de Escoletas en Menorca.
¿A partir de qué edad es mejor llevarlos?
La tasa de escolarización española se sitúa en una zona intermedia entre los países de la UE. Lejos, por arriba, de la de Países Bajos (69,4%) o Francia (58%), y lejos también, por debajo, de las de Alemania (39,2%) o Italia (26,4%). No puede decirse, afirma Arnaiz, a partir de qué momento es mejor la escolarización “sin poner al otro lado de la balanza qué medidas de protección tiene la familia y la infancia”, unas ayudas que en España, añade, han sido tradicionalmente muy escasas. “Si una familia con dificultades económicas tiene un hijo y los primeros meses no pueden trabajar o si trabajan lo tienen que dejar de cualquier manera, ese niño tiene que ser escolarizado”, dice. “Con carácter genérico, si las condiciones económicas y sociales lo permiten, porque el Estado protege a las familias, lo mejor sería tener un año de sueldo para poder dedicarse al hijo. La escolarización el primer año es, además, muy complicada, entre otras cosas porque entran en contacto con muchos virus”.
Irene Casanova y Gonçalo Rodrigues, investigadores en oncología en Barcelona, matricularon a su hijo en una escuela infantil de la ciudad en septiembre pasado, con 10 meses. “Lo llevamos porque se nos habían acabado las bajas por maternidad, paternidad, lactancia y las vacaciones. No teníamos soporte familiar, ni podíamos permitirnos pagar a una persona para que cuidase al niño. Y ya lo veíamos un poco preparado para interactuar”, dice Casanova. ¿Hubiera preferido esperar a que tuviera un año? “En un mundo ideal, sí. Porque sobre esa edad, al empezar a caminar, vi que se adaptaba mucho mejor a la escuela. Pero por el tipo de trabajo que tengo, tampoco me habría cogido más baja, no hubiera podido estar tanto tiempo fuera”.
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