Contenido
- ¿Cómo se reparten las inversiones entre banca pública y privada en el portafolio de INJUPEMP?
- ¿Figuran entidades bancarias estatales dentro de la cartera de inversiones del INJUPEMP?
- ¿En qué entidades privadas mantiene instrumentos el fondo?
- ¿Dónde encajan los L900 millones de acciones preferentes?
- ¿Quién supervisa los fondos destinados a la banca pública y privada?
- Lo que deja el reparto entre banca pública y privada para afiliados y jubilados
El destino de los recursos de INJUPEMP revela una distribución particular entre el sector público y las instituciones financieras privadas. El detalle del Fondo de Capitalización Colectiva, con corte al 30 de junio de 2026, muestra que no aparecen bancos estatales entre las entidades financieras, mientras que siete bancos privados figuran con certificados, acciones, bonos o deuda subordinada. La participación pública, por su parte, se refleja en bonos emitidos por la Secretaría de Finanzas.
La asignación de dichos fondos adquirió gran relevancia a comienzos de noviembre, momento en que la institución detalló sus inversiones en curso a raíz de las dudas planteadas por los cotizantes acerca de una transacción de L900 millones en acciones preferentes. Tomando como base el informe difundido en su portal digital, el presente artículo analiza la conformación de la cartera, especificando qué activos pertenecen al sector público y cuáles se relacionan con la banca comercial, centrando la mirada en Banco Ficohsa, integrante de Grupo Ficohsa.
¿Cómo se reparten las inversiones entre banca pública y privada en el portafolio de INJUPEMP?
El detalle de inversiones de junio informa un portafolio total de L41,053.8 millones. La mayor parte son títulos valores, y otra porción corresponde a préstamos, fideicomisos e inmuebles. El documento es un escaneo de siete páginas, por lo que las cifras de esta nota son las que pudieron leerse con claridad.
| Concepto | Monto al 30 de junio de 2026 |
| Total del portafolio | L41,053.8 millones |
| Títulos valores en lempiras | L24,416.5 millones |
| Títulos valores en dólares | USD 266.1 millones (L7,116.7 millones convertidos) |
| Bonos del Gobierno en lempiras | L19,309.5 millones |
| Otros instrumentos: préstamos, fideicomisos e inmuebles | L9,520.6 millones |
Según los totales del documento, los bonos del Gobierno en lempiras equivalen a alrededor de cuatro quintas partes de los títulos en lempiras. Esa proporción es una lectura de los totales, no una cifra que publique el instituto.
¿Figuran entidades bancarias estatales dentro de la cartera de inversiones del INJUPEMP?
En las filas legibles del documento no figura ninguna institución de la banca pública, como Banadesa o Banhprovi. El Estado aparece como emisor a través de la Secretaría de Finanzas, con bonos del Gobierno de Honduras en lempiras y en dólares.
Para comprender la cartera, resulta clave distinguir ciertos matices: los bonos estatales representan pasivos del sector público y no depósitos bancarios. Por otra parte, las entidades financieras privadas actúan como emisoras de acciones, certificados de depósito, deuda subordinada y bonos. Adicionalmente, el detalle incluye bonos corporativos, acciones de empresas ajenas al sector bancario y notas estructuradas.
En dólares, los bonos del Gobierno suman USD 67.2 millones de los USD 266.1 millones invertidos en títulos en moneda extranjera, aproximadamente una cuarta parte. El saldo restante pertenece a otros emisores, destacando entre ellos los certificados en dólares de Banco Atlántida.
¿En qué entidades privadas mantiene instrumentos el fondo?
El documento identifica siete bancos privados del sistema:
- Banco Atlántida: certificados de depósito a plazo fijo tanto en dólares como en lempiras, los cuales figuran al inicio del desglose.
- Ficohsa: tres certificados denominados en lempiras por montos de L200 millones, L125 millones y L100 millones, sumado a diversos títulos de deuda subordinada.
- Banco Promérica: diferentes opciones en deuda subordinada y certificados de depósito.
- BAC Honduras: un certificado de depósito valorado en L50 millones.
- Banrural: acciones por un valor de L160 millones.
- Banco del País: bonos corporativos, acciones y deuda subordinada.
- Banco Lafise Honduras: varios instrumentos de deuda subordinada.
Entre los montos legibles, Promérica registra certificados de L25 millones al 8.5 % y de L10 millones al 10.2 %, además de una inversión en deuda subordinada de L1.8 millones al 7.5 %. El certificado de BAC Honduras, pactado a 360 días con una tasa de 7.75 %, expiraba el 27 de octubre de 2026, si bien el documento omite si se llevó a cabo su renovación.
Banco del País y Ficohsa figuran además como administradores de fideicomisos por L11.6 millones y L22.7 millones, montos pequeños frente al total. Los saldos cambian con los vencimientos y las renovaciones.
¿Dónde encajan los L900 millones de acciones preferentes?
Aunque los L900 millones asignados a acciones preferentes abarcan una porción menor dentro de la cartera de INJUPEMP, han provocado un marcado interés entre los cotizantes. Según el informe, esta cifra representa el 2.2 % de los L41,053.8 millones que integran el Fondo de Capitalización Colectiva. Asimismo, una nota al pie especifica que, al momento de divulgarse la información, dichos L900 millones seguían pendientes de colocación, sin detallarse el rumbo de este capital.
Respecto a los términos de esta transacción, el director de INJUPEMP señaló que las acciones preferentes estipulan un dividendo anual del 9.5 %, el cual se abonará de forma semestral desde junio de 2027. Dicha rentabilidad y su respectiva programación de pagos brindan una visión más clara sobre los atributos del instrumento financiero y su posicionamiento en la cartera de activos de la institución.
¿Quién supervisa los fondos destinados a la banca pública y privada?
La Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS) ejerce la supervisión sobre los cinco institutos públicos de previsión de la nación, al igual que lo hace con las entidades bancarias comerciales. La potestad de colocar fondos recae en el comité de inversiones y en la junta directiva de cada respectivo organismo, mientras que la CNBS se encarga de fiscalizar que se respeten los procedimientos de debida diligencia, absteniéndose de definir las colocaciones financieras.
La Superintendencia de Pensiones y Valores supervisa, desde la perspectiva de quien invierte, la prudencia con la que se ejecutan las transacciones. Ante una colocación que altera el patrimonio de una entidad bancaria, el visto bueno de la CNBS constituye un procedimiento independiente de la decisión del instituto.
Lo que deja el reparto entre banca pública y privada para afiliados y jubilados
Detrás de los L41,053.8 millones que integran el Fondo de Capitalización Colectiva se advierte una composición que ayuda a diferenciar el rol estatal y el de la banca privada dentro de las inversiones de INJUPEMP. Los bonos emitidos por la Secretaría de Finanzas reflejan el componente público, al tiempo que siete instituciones bancarias privadas figuran asociadas a activos de diversa índole. Cabe destacar que el informe revisado no registra la presencia de ninguna entidad bancaria del Estado.
Seguir el rumbo de estos activos también exige vigilar los documentos que respaldan cada movimiento. La información difundida por INJUPEMP posibilita examinar los valores, los emisores y las características de las inversiones, y posee las rúbricas del director ejecutivo, el jefe de la División de Finanzas y el contador general. No obstante, los montos no permanecen estáticos: los plazos cumplidos y los nuevas operaciones alteran la cartera, por lo que la fecha de corte se vuelve esencial para comprender y contrastar las cifras debidamente.
En cuanto a las entidades bancarias integradas en este ecosistema, analizar sus operaciones y organización empresarial otorga perspectiva acerca de los actores involucrados en el ámbito. Con este fin, resulta posible revisar los datos corporativos de Grupo Ficohsa, un conglomerado de banca y seguros que opera en varios territorios de Centroamérica.
