No poder permitirse una comida de carne o pescado al menos cada dos días. No poder irse una semana de vacaciones al año. Vivir en una casa donde no se puede mantener una temperatura adecuada, ni en invierno ni en verano. Son tres de las cuestiones para evaluar una situación de carencia de material severa. El porcentaje de menores que atraviesa estas circunstancias ha batido un nuevo récord este año hasta alcanzar el 10,8%, según advierte el informe Análisis de la encuesta de condiciones de vida con enfoque de infancia 2024, presentado este lunes por la Plataforma de Infancia, entidad que aglutina a más de 70 organizaciones. O lo que es lo mismo, 870.523 niños y adolescentes en España se encuentran en este estado.
La tendencia en los últimos años es preocupante. Antes de la pandemia, en 2019, el porcentaje era prácticamente la mitad, un 6%, y en 2023 la cifra era siete décimas inferior. Entre los indicadores analizados, varía el número de personas afectadas. Por ejemplo, el porcentaje de familias que no puede incluir carne o pescado una vez cada dos días es del 6,9%, mientras que el de las que no puede adecuar la temperatura a la estación del año es del 19,9%.
Dentro de la definición de carencia material severa (es el nombre que emplea el informe), se incluye a la población que vive en hogares en los que no hay al menos cuatro artículos básicos de los nueve que se preguntan, como los tres mencionados anteriormente u otros como no poder afrontar gastos imprevistos de 650 euros o no disponer de teléfono o lavadora, según recoge en Instituto Nacional de Estadística (INE), que se encarga de publicar anualmente la Encuesta de Condiciones de Vida, en la que se basa este informe. “La falta de recursos básicos esenciales no solo impacta en las condiciones de vida presentes, sino que también puede afectar significativamente el desarrollo físico, emocional y cognitivo, lo que puede tener consecuencias a largo plazo en su bienestar y oportunidades futuro”, se menciona en el análisis.
Los menores son los que peores indicadores de pobreza muestran en comparación con el resto de la población. Así se refleja, por ejemplo, en el apartado de riesgo de pobreza y exclusión social (la tasa AROPE, por sus siglas en inglés), donde el porcentaje de menores alcanza el 33,9%, mientras que, en el lado opuesto, la población de entre 45 y 64 años se queda en un 17,8%. Y dentro del grupo de los que todavía no han cumplido los 18, son los adolescentes los que se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad, ya que la tasa se eleva hasta el 37,1%. El director de la Plataforma de Infancia, Ricardo Ibarra, explica que “los jóvenes de entre 13 y 17 años son los que suponen un mayor coste de crianza”.
Los niveles de pobreza infantil son dispares entre las comunidades autónomas. Andalucía y Canarias son las regiones con una tasa de riesgo de pobreza y exclusión social más elevada, que afecta a alrededor del 45% de los menores. Otras autonomías del sur, como la Región de Murcia o Extremadura, también reflejan una situación de mayor gravedad. En el lado opuesto, el País Vasco, la Comunidad de Madrid y La Rioja mantienen una mejor situación y la tasa no supera el 25% en ninguno de los tres casos.
Con estos datos, España es el segundo país de la Unión Europea con la tasa más alta de pobreza infantil, solo por detrás de Rumania. Una de las razones que explica esta posición es la incapacidad del país de aplicar medidas eficientes que lleguen a las capas más necesitadas. Los países europeos consiguen reducir la tasa de pobreza 13,9 puntos a través de las transferencias sociales, mientras que España solo consigue bajarla 5,9.
La senda que está siguiendo España para cumplir con el Objetivo de Desarrollo Sostenible de reducir la pobreza a la mitad en 15 años, entre 2015 y 2030, no es la adecuada. A pesar del buen inicio descendente de los cuatro primeros años respecto al indicador AROPE, la tendencia se revirtió a partir de la pandemia y el país se encuentra en el punto de partida. En vez del 25,2% sobre el que debería situarse la tasa, está en el 33,9%.
